El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) ha celebrado una jornada de trabajo multidisciplinar, integrada por 23 reconocidos profesionales del campo de la docencia, el derecho y la tecnología, en la que se ha abordado la problemática legal de los smarts contracts y la viabilidad de disponer de una plataforma de contratación global por cadena de bloques (blockchain) basada en un plan de desarrollo intercomunitario.
A propuesta del profesor y abogado Carlos Tur, y a sabiendas de que la tecnología blockchain puede ser muy útil para la transformación digital de la sociedad, el grupo de trabajo reunido puso en marcha la iniciativa Blockchan – ge, con el objetivo de crear una cadena de bloques global que constituya un espacio común para el desarrollo eficaz, transparente e inmutable de contratos en el mundo real.
Según los expertos, dicha plataforma “requiere la implementación de dispositivos loT, y establecer una línea divisora conceptual clara entre contrato y smart contract”. Otra de las características y gran ventaja para los usuarios será la posibilidad de utilizar una moneda de curso legal en las transacciones, evitando así las criptomonedas.
Letrados del Consejo de Estado, magistrados, registradores, notarios, abogados, docentes e investigadores universitarios, junto con profesionales del mundo tecnológico y empresarial, aúnan esfuerzos en un proyecto con el que se pretende ayudar a fijar criterios de una plataforma pública y electrónica que esté al servicio de personas físicas, jurídicas y administraciones públicas, pudiendo contratar con total transparencia.
Un ejemplo que permite visualizar el alcance de esta iniciativa es la compraventa de un inmueble. En este caso, la peculiaridad sería que la vivienda dispondría de un mecanismo electrónico wifi que permitiría controlar los cierres, la electricidad y el agua mediante un código QR al que sólo tendría acceso el propietario.
El smart contract verificaría la existencia de fondos en la cuenta del comprador y transferiría, de forma regular y automática, los pagos al vendedor. De acabarse el saldo, la tecnología avisaría al inquilino. Si no se soluciona el problema, se modificarían las claves de apertura y se detendrían los suministros para ese usuario.
“Hay que recalcar que el contrato, como acuerdo de voluntades con consentimiento objeto-causa, siempre está por encima del software”, aclaran los letrados.
La iniciativa, pionera en Europa, tiene un claro afán de servicio público y aspira a contar con la participación de poderes públicos y administraciones en beneficio del interés de la sociedad.
