El Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional Excmo. Sr. Don Eugenio Gay Montalvo, ingresó el pasado 23 de mayo en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, como académico correspondiente para Madrid, en una ceremonia celebrada en el salón de actos la sede de la corporación en “Foment de Treball” en Barcelona. El Dr. José Juan Pintó Ruiz, Presidente de Honor de ISDE, fue el encargado de contestar el discurso de Gay. Presidio el acto el Dr. Jaime Gil Aluja, Presidente de la Real Corporación.
https://old.isde.es/wp-content/uploads/2013/05/img_nid_2085_1.jpgEl Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional Excmo. Sr. Don Eugenio Gay Montalvo, ingresó el pasado 23 de mayo en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, como académico correspondiente para Madrid, en una ceremonia celebrada en el salón de actos la sede de la corporación en “Foment de Treball” en Barcelona. El Dr. José Juan Pintó Ruiz, Presidente de Honor de ISDE, fue el encargado de contestar el discurso de Gay. Presidio el acto el Dr. Jaime Gil Aluja, Presidente de la Real Corporación.
Durante su ingreso en la Academia, el Excmo. Sr. Gay Montalvo, miembro del Consejo Rector del ISDE, ofreció un discurso titulador`Los derechos económicos y sociales de los ciudadanos ante la actual crisis económica, desde una perspectiva constitucional´ en el que manifestó que “El Gobierno central ha dictado diez decretos ley en 2008, catorce en 2009, otros catorce en 2010, veinte en 2011 y veintinueve en 2012 –ha detallado Gay Montalvo-. En materia de ingresos, por decreto ley se ha introducido un gravamen complementario en el IRPF, se ha aprobado una amnistía fiscal permitiendo la regularización de las rentas ocultada o se han subido los tipos impositivos generales del IVA. También los gobiernos autonómicos, como el catalán, han acudido a la utilización abusiva del decreto ley. De esta manera la crisis económica ha supuesto que el legítimo ejercicio de la potestad financiera por parte de los Estados haya provocado un importante aumento de las cargas y obligaciones de los ciudadanos con una consiguiente pérdida de sus derechos sociales y económicos y, además, que se hayan puesto en tela de juicio principios constitucionales tan fundamentales como el de la garantía de ley en materia financiera”.
Para Gay Montalvo, “el ejercicio de la responsabilidad política en democracia comporta el sometimiento escrupuloso a la ley y a la protección de los derechos de los ciudadanos con preferencia a los de aquellos más necesitados (…). Sin embargo ahora vemos cómo al grave déficit democrático que supone el uso ordinario de la formación de urgencia se le une la dolorosa reversibilidad de los derechos económicos y sociales consagrados y tan sufridamente conquistados a lo largo del tiempo”.
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