«Uno de los problemas fundamentales del Deporte es que la ley que lo regula tiene 28 años (fue aprobada en 1990); y nueve secretarios de Estado han declinado cambiarla”. El presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), Pedro Bravo, se mostró a favor de actualizar la normativa durante su participación en el I ISDE Fórum, celebrado en el campus madrileño de la escuela especializada en formación jurídico-económica con la colaboración de Laffer Abogados y UBS.
No fue la única voz que se pronunció en este sentido. Agentes y futbolistas reclamaron al Gobierno que apruebe una nueva Ley del Deporte. Junto al presidente de la AEAF, participaron en la mesa titulada ‘La fiscalidad en el deporte’ el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III y asesor de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Juan Zornoza; el director de estrategia de UBS España, Roberto Scholtes; y el socio del departamento fiscal de Laffer Abogados, Francisco Salinas. El director general de ISDE, Juan José Sánchez Puig, fue el encargado de inaugurar la jornada.
«¿Por qué no puede un agente tener el mismo sistema de retribución y, por tanto, estar sujeto a la misma fiscalidad que un ‘head hunter’? Los futbolistas están sufriendo un calvario porque no se les da seguridad jurídica», denunció Pedro Bravo durante su intervención, en referencia a que la figura fiscal del representante sigue siendo “alegal” en el ordenamiento actual. El presidente de la AEAF fue especialmente crítico con las inspecciones tributarias y con las filtraciones de contratos en el caso Football leaks:
“No es serio que los inspectores estén utilizando mecanismos de coacción contra deportistas y agentes”. En su opinión, “ante la quiebra de la seguridad jurídica, los colegios de abogados y la fiscalía general del estado deberían tomar cartas en el asunto”.
Por su parte, el asesor de AFE apuntó hacia un cambio “en la interpretación de la normativa” y lamentó que los futbolistas sean, bajo su punto de visto, el «chivo expiatorio», coincidiendo «casualmente» con el inicio de la campaña de la Renta.
Desde el punto de vista de los asesores, también existen riesgos. “Los abogados nos sentimos amenazados. Se ha convertido en una profesión de riesgo porque se nos está incluyendo en las causas contra los jugadores en el presunto fraude fiscal. Ante cada consejo que damos hay riesgo de que se considere que somos cooperadores necesarios en ese delito fiscal. La regla 85/15 sobre la cesión de los derechos de imagen es una trampa mortal de la Agencia Tributaria», apuntó Francisco Salinas, de Laffer Abogados.
Reformar la normativa y acabar con la inseguridad jurídica en el plano fiscal deberían ser, según las agentes del sector, la prioridad en el trabajo de la Administración. En opinión de Roberto Scholtes, de UBS España, esto es especialmente relevante teniendo en que cuenta que «la tarta se va a hacer más grande, se está multiplicando el negocio en los derechos audiovisuales especialmente procedente de los mercados emergentes de
Asia, América y África, lo que va a aumentar la presión fiscal. Habrá que estar atentos a las políticas fiscales que aplican los gobiernos de los países de las mejores ligas del mundo».
